El uso público, una denominación ambigua de moda en los últimos días cuyo significado aún está por concretar, es el clavo ardiendo al que se ha agarrado el Gobierno vasco para justificar ante los ciudadanos ajenos a la familia rojiblanca su previsible inversión de 55 millones de euros para la construcción del nuevo estadio. Y es que la apelación a lo público o, lo que es lo mismo, la posibilidad de que los tres territorios históricos se beneficien del futuro coliseo del Athletic, es la única etiqueta válida para el Ejecutivo autónomo de cara a argumentar su futura presencia en San Mamés Barria, la sociedad que levantará y gestionará el campo cinco estrellas.

Basta echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar que los gabinetes de Juan José Ibarretxe y de Patxi López torcieron el gesto cuando recibieron la invitación para participar en una fiesta que consideraron privada. Abrirla a toda la sociedad vasca bajo el paraguas del beneficio común era el único argumento viable que tenía el Gobierno para apaciguar los ánimos de quienes consideran un agravio su presencia en un proyecto del que también forman parte el Athletic, la Diputación de Vizcaya, la BBK y, en breve, el Ayuntamiento bilbaíno. Las constantes referencias a un «proyecto de país» en la reciente puesta de largo del templo de los 'leones' se enmarcan sin duda en esa estrategia.

Resulta revelador comprobar que las portavoces de los dos últimos ejecutivos han esgrimido idénticos razonamientos sobre la financiación y empleo del nuevo estadio a pesar de pertenecer a dos partidos bien distintos: PNV y PSE. El 23 de enero de 2007, cuatro días después de la constitución formal de San Mamés Barria, Miren Azkarate advirtió de que el Gobierno sólo invertiría en el recinto si incluyera un área específica destinada a uso público, como ocurre en los casos de Anoeta -la pista de atletismo- y Mendizorroza -un módulo de entrenamiento bajo una de las tribunas que depende de la Federación Vasca de Atletismo-. «Dependerá de cómo se plantee el futuro campo. Si se limita a ser un campo de fútbol, el Ejecutivo no estará en los supuestos que le han permitido las actuaciones en los otros territorios», declaró. Posteriormente se mostró más flexible con el Athletic, pero nunca llegó a entrar en la iniciativa.

Razonamiento idéntico

También el Gabinete de López pasó de un no rotundo a un «ya veremos», pero el golpe en la mesa del Partido Popular y su amenaza de no respaldar los presupuestos si daba la espalda al campo le dieron la vuelta al escenario. Todo parecía arreglado hasta que la polémica volvió a resurgir por el rifi-rafe entre el Ejecutivo de Vitoria y la Corporación bilbaína sobre los usos del estadio. Y, en este contexto, la portavoz, Idoia Mendia, lanzó una advertencia casi calcada a la de su predecesora en el cargo: «Si no nos ponemos de acuerdo sobre el uso público de este recinto, no habría dinero del Gobierno vasco para el campo».