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el 'caso zubiaurre', otra vez a escena
El juzgado fija esa cantidad en concepto de intereses por la demora en el pago de los 5 millones de indemnización
27 de febrero de 2009

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F. BECERRIL.-

Iban Zubiaurre y el Athletic tendrán que pagar a la Real 906.232,88 euros en concepto de intereses por la demora en el pago de los cinco millones de euros de indemnización a la que fueron condenados. La sentencia por la rescisión unilateral del contrato de trabajo que unía al jugador de Mendaro y al club blanquiazul fijó esa cifra de cinco millones en sentencia del 9 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián.

El futbolista ingresó esos cinco millones en la cuenta del Juzgado el 29 de octubre de 2008, una vez resueltos los distintos recursos presentados contra aquella sentencia por todas las partes implicadas en el proceso. Zubiaurre consignó ese mismo día la cantidad de 56.000 euros adicionales en concepto de intereses.

Los administradores judiciales de la Real Sociedad se opusieron a esa liquidación de intereses, que representaba un 1,12% del importe principal tras una demora de más de dos años y medio. La posterior liquidación de intereses realizada en el juzgado donostiarra estableció que la cantidad a pagar por este concepto por Zubiaurre y por el Athletic debía ser de 906.232,88 euros.

El Athletic se opuso y presentó una impugnación a la liquidación. La Administración de la Real defendió el acuerdo. El fallo del mismo juzgado que firmó la sentencia inicial rechazó la impugnación y obligó a las partes condenadas a abonar intereses por valor de 906.232,88 euros.

Posibilidad de recurso

El fallo del juzgado de San Sebastián puede ser recurrido y todavía quedaría una posibilidad de apelación una vez que se conozca el fallo de ese hipotético recurso. Pero la Real ejecutará, no obstante, la cantidad fijada ayer para disponer de dinero líquido cuanto antes.

Si el recurso se produce, el caso Zubiaurre permanecerá abierto varios meses más. Todo comenzó el 1 de julio de 2005 cuando Iban Zubiaurre fue presentado por el entonces presidente del Athletic Fernando Lamikiz, a pesar de que tenía contrato en vigor con la Real. La Real reclamó los 30 millones fijados en la cláusula de rescisión del contrato del jugador. El juzgado de lo Social moderó esa cantidad hasta los cinco millones de indemnización. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Supremo rechazaron posteriormente todos los recursos.

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